Sindicato de Ecuador llevará a la OIT queja por salida de empleados públicos

Articulo tomado de la pagina Web de revista Vistazo

En el mismo se encuentran las opiniones de nuestro presidente Mesias Tatamuez Moreno.

Las organizaciones sindicales de Ecuador presentarán ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una queja por la desvinculación de miles de empleados estatales ordenada por el Gobierno la semana pasada.

Así lo señaló hoy a Efe Mesías Tatamuez, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), tras indicar que los sindicatos y otras organizaciones sociales alistan otras medidas de presión para frenar la salida indiscriminada de empleados del sector público.

El Gobierno de Ecuador, mediante el “Decreto 813”, decidió la separación de sus cargos de al menos 2.000 burócratas, lo que ha levantado críticas de distintos sectores sociales y políticos que consideran a esa medida como “inconstitucional”.

La separación de los empleados públicos se dio tras un proceso de evaluación en todas las entidades estatales y, según el Gobierno, la medida es legal y constitucional, ya que, entre otros factores, se indemniza a los perjudicados.

Tatamuez aceptó que hay personas del servicio público que estarían dispuestos a abandonar sus cargos, pero señaló que “molesta la forma” como el Gobierno ha procedido a tramitar las salidas de muchos especialistas.

Según el dirigente sindical, si las evaluaciones efectuadas por el Gobierno señalaban a varios burócratas como “malos empleados” o que han estado inmersos en casos de “supuesta corrupción”, lo que cabía era aplicar “un visto bueno, como manda la ley”.

Para él, la aplicación de la medida de mejorar el servicio público ha sido tomada de forma indiscriminada sin un estudio preciso de cada caso.

Además, Tatamuez dijo que esa acción “viola” normas internacionales ya que, a su criterio, “no se cumplió con el debido proceso” ni se ha dado lugar al derecho a la defensa de los afectados.

“Se les ha tratado como criminales”, remarcó el sindicalista al insistir en que el mal funcionamiento de los servicios públicos “no es culpa de los trabajadores” sino, sobre todo, de las “malas políticas” gubernamentales aplicadas durante décadas.

Por ello, Tatamuez señaló que el FUT, la mayor central obrera del país, junto con otras organizaciones sociales como la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) preparan acciones en defensa de los empleados y en rechazo a la decisión gubernamental.

Estas acciones serán “pacíficas” e incluyen la exigencia para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el caso, además de la presentación de recursos de amparo para evitar la salida indiscriminada de los empleados.

Tatamuez aseguró que se efectuarán “mítines” desde el próximo miércoles, pero que las acciones se extenderán hasta el día 15 de noviembre, una fecha emblemática para los sindicatos ecuatorianos.

La desvinculación de empleados públicos ordenada por el Gobierno, conocida como “compra de renuncias obligatoria”, según las autoridades busca mejorar el servicio en las entidades del Estado y sacar a los “malos” burócratas.

Entre los despedidos se encuentran médicos de hospitales públicos que han reclamado su reingreso a los centros de salud, petición respaldada por pacientes, al considerar que ellos son especialistas que les han ayudado a atender sus enfermedades.

Sin embargo, también hay personas que han respaldado la acción del Gobierno porque estiman que con ello mejorará la atención en los hospitales y en otras dependencias del Estado que han sido blanco permanente de críticas por parte de los usuarios.

Tatamuez remarcó que el Gobierno debe “entender” que una acción de este tipo no puede ser aplicada de la forma como lo ha hecho e insistió en que hay vías legales para hacerlo.

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