Ivanova Nieto, de la U. Central; Rosana Palacios, de la UNE; Delfín Tenesaca, dirigente indígena; y Marita Paz, de la Junta Cívica de Guayaquil, (de izquierda a derecha), en la presentación del libro ‘El derecho de reunirnos en paz’. Foto. Julio Estrella / EL COMERCIO
Fundamedios presentó un libro que analiza el primer año de la normativa Las organizaciones de la sociedad civil se declaran en resistencia. Se basan en el artículo 98 de la Constitución, que señala que los ciudadanos pueden ejercer su derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público. Lo hacen un año después de que se promulgara el Decreto 16, que emite las regulaciones para las organizaciones civiles, y se unen, desde diferentes sectores, pues ven en esa reglamentación una amenaza a la libertad de asociación. Ayer se desarrolló en Quito el lanzamiento del libro ‘El derecho a reunirnos en paz’, que analiza el Decreto 16 y las amenazas que este trae para la organización social en el país. El evento fue la oportunidad para que organizaciones de diferentes sectores de la sociedad civil se reunieran alrededor del tema. Representantes de la Ecuarunari, Unión Nacional de Educadores (UNE), Junta Cívica de Guayaquil, Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos, Fundamedios y diferentes barrios del país participaron en dos foros para tratar los alcances del Decreto 16, a un año de su vigencia. El llamado a la unidad para hacer frente a las amenazas desde el Poder Ejecutivo marcó la jornada. Esperan que el trámite de las enmiendas constitucionales sea la oportunidad de reunirse y expresar el derecho a la libre asociación, además de pedir por la participación de la ciudadanía en los cambios a la Carta Política. “La desobediencia civil es la manera de defender los derechos. El Gobierno ve a las organizaciones como algo político y hay que responderle con la movilización”, señaló Roxana Palacios, presidenta de la UNE. Mientras que César Ricaurte, de Fundamedios, aseguró que cree que hay silencio y autocensura en algunas organizaciones, “pero tenemos la responsabilidad de no callarnos”. La preocupación de los representantes de estas organizaciones nace por el contexto político en el que surgió el Decreto, “con el inicio de la resistencia y la desobediencia civil”, en palabras de Carlos Pérez Guartambel, dirigente de la Ecuarunari. Pero, principalmente, la alerta se prendió con el cierre de la Fundación Pachamama, en diciembre pasado, bajo los argumentos del Decreto 16. Después de que algunos de los activistas de esta entidad participaran en unas protestas, la Fundación fue disuelta por los ministerios del Ambiente y del Interior, por haberse desviado de los objetivos con los cuales fue constituida. Además, está el proceso de registro que se establece en el Reglamento, pues si no se cumple, las agrupaciones también entrarían en causal de disolución. El plazo para este requisito vencía en junio pasado, pero el Ejecutivo reformó la transitoria y dio seis meses más. Aún así, las organizaciones sociales siguen en la búsqueda de que se derogue la normativa. Siete entidades enviaron una carta al secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, cuya respuesta señala la negativa de dar de baja el Decreto 16. Mientras, el trámite de las cuatro demandas de inconstitucionalidad en contra del Reglamento no avanza en la Corte Constitucional. Las causas fueron admitidas, pero no hay fecha para la audiencia.
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