Tomado del diario Expreso del día martes 3 de junio del 2014.
En la Asamblea Nacional pueden aprobar todas las leyes porque tienen mayoría. Pero no pueden controlar a las organizaciones sociales que no están de acuerdo con los efectos de esas normativas en su vida cotidiana.
La Ley de Aguas, el Código Laboral, la Ley de Seguridad, son ejemplos de legislaciones, que amenazan con crear un clima de conflicto social en el país. “Llamamos a la unidad, pues esas leyes nos afectan e interesan a todos los ecuatorianos”, dice Mesías Tatamuez, presidente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clacistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut).
Según el dirigente sindical, no se trata de oposición a una sola normativa que está sectorizada, como dice el Gobierno, sino a un conjunto de leyes que violan y cancelan los derechos de los trabajadores y ciudadanos. Por ejemplo, el decreto 16, el reglamento del sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas, que permite enjuiciar a las agrupaciones sociales por terrorismo y sabotaje en el país, dice él.
Tatamuez, además, cita el Código Laboral. “Presentamos un proyecto hace dos años, queremos que se discuta de manera tripartita. El código nos interesa a todos”.
Sin embargo, el asambleísta oficialista, Fausto Cayambe, no ve conflictividad social. “Hemos generado un nuevo marco jurídico, según los nuevos tiempos y la Constitución. Hacemos leyes para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos”, comenta.
Pero Tatamuez opina que la Ley de Aguas también perjudica a todos. “El agua es para el campo y la ciudad, ese tema también nos une a todos los ecuatorianos, así como la seguridad nacional”, indica. Organizaciones indígenas, como la Conaie, ya anunciaron una movilización nacional contra la aprobación de esta norma.
Para el asambleísta de PAIS e integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Nelson Serrano, la mayor parte de los aportes de los indígenas y campesinos se han incorporado al informe. “Otros han sido aclarados como la gestión al sistema de agua potable y al de las juntas reguladoras para el riego”, señala.
Diego Delgado, exiputado, señala que las leyes están direccionadas a “borrar los derechos de todos”.